El Sareb, el banco malo, no tiene 50.000 pisos disponibles. La mayoría no están ubicados en capitales y muchos son tan malos como el propio banco. ¿No estaremos ante el cuento de la lechera?
El stock de viviendas (no solo pisos) del Sareb está ubicado en muchos casos fuera de zonas tensionadas. Son unas 46.000 viviendas, pero sólo el 15% está situado en capitales.
Las viviendas que restan al Sareb y no han sido vendidas en estos años, suelen ser las de peor calidad y que no han podido sacarse al mercado.
El Sareb además es un mecanismo temporal ideado para traspasar (y la deuda) al Estado unos activos tóxicos que impedían a los bancos en crisis sanear sus cuentas y financiarse.
El banco malo, además de demostrar una falta de diligencia en la venta de esos activos, tiene una limitación temporal: el Sareb debe ser liquidado en 2027 (dentro de 4 años). Entonces se hará balance de su gestión y el Estado deberá asumir su pérdidas. Por tanto, el banco malo no puede asumir esos alquileres o se vería obligado a vender los inmuebles ya alquilados, con la consiguiente pérdida del valor de sus activos.
No existen además datos de cuántos de esos edificios están o han estado ocupados ilegalmente, ni de la situación de mantenimiento de muchos de ellos. Algunos llevan más de una década cerrados o fueron entregados por los bancos ya en estado lamentable.
¿Dónde están los 50.000 pisos del Sareb?
La distribución de viviendas que quedan por vender al Sareb se reparten de un modo desigual, con gran concentración en zonas de costa o menos densamente habitadas. Obviamente mercados de menos demanda y mas difícil salida para dichos activos.
El Sareb tiene un buscador, donde se pueden localizar sus inmuebles: https://www.sareb.es/inmuebles/
Si buscamos los 50.000 pisos del Sareb, la sociedad publica sus activos actuales: 46.542 viviendas ya construidas, 34.759 anejos (garajes y trasteros), 14.202 obras en curso, 24.619 suelos y 13.192 inmuebles terciarios (oficinas y locales). Esas 46.000 viviendas, no son todo pisos, ni están todas disponibles y habitables a día de hoy.
Madrid, con 1.189 viviendas inscritas, es la urbe con mayor volumen de viviendas del Sareb, sin embargo la cifra es ridícula para cubrir las necesidades de demanda de la ciudad. Tras ella aparecen Murcia (1.105 viviendas), Barcelona (767 viviendas, obviamente también testimonial). Grandes ciudades como Valencia (279 viviendas) o Sevilla (49) registran cifras absolutamente insuficientes.
Para medir el impacto que podría tener en el mercado del alquiler, hay que tener en cuenta el número de personas que residen en cada municipio. Teniendo en cuenta este factor, el resultado es que donde más impacto tendría la medida sería en Girona (con 340 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes), Ávila (249) y Murcia (240). Son las únicas capitales de provincia donde tendría algún impacto sobre el mercado de alquiler, la hipotética entrada de los pisos de la Sareb.
Sareb debe ser liquidado en 2027
Según se definió el Sareb, como mecanismo temporal, debe ser liquidado en 2027. En esa fecha debería tener vendidos todos sus activos, muchos de ellos suelo, cuyo valor se depreciará si se aplica la nueva ley de vivienda, que obliga a destinar una importante cantidad de activos a futura vivienda social.
En enero de 2022, el Estado tomó el control total de esta institución y asumió 35.000 millones de su deuda y sus activos. Estos activos restantes no se han conseguido enajenar en más de 10 años y deberían ser liquidados en los próximos 4 años, antes de 2027.
El Sareb lleva vendiendo vivienda para fines sociales a las administraciones públicas desde 2019. En 2020 contaba ya con 10.000 viviendas sociales en su balance y en 2021 acordó con el Gobierno destinar hasta 15.000 viviendas para uso social. El empleo de los activos de la Sareb como vivienda pública es, además, una vieja reivindicación de algunas formaciones políticas y economistas de izquierda, que lleva años demandando que se destinen a alquiler social.
La mayor parte de las pérdidas del Sareb, deberán ser asumidas por el Estado en 2027 y la medida de obligar a entregar las viviendas a administraciones locales para alquiler público, ni ayudará a sus cuentas, ni facilitará la enajenación del resto de activos.